Para ello deberán llevar acabo distintas actuaciones tales como: actividades de colaboración en resolución de conflictos en los que se considere que la participación conjunta de la abogacía y la arquitectura sería la mejor solución, acudir conjuntamente a convocatorias o concursos públicos o privados y establecer un sistema de colaboración en la formación de mediadores, entre otras.
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