Actualmente, la ciudad de Madrid está experimentando una paralización de las licencias urbanísticas provocada, entre otras cosas por una falta de medios adecuados en la Administración, tanto técnicos como de personal, una fragmentación administrativa de los departamentos y organismos municipales que genera confusión entre los arquitectos a la hora de tener que tramitar un expediente o una excesiva cantidad de trámites a realizar: licencias de obra, de ocupación de aceras, de gestión de residuos…
Para paliar esta situación de parálisis, desde el COAM se ha enviado una serie de propuestas al Ayuntamiento de Madrid, presentadas previamente en el Comité de Expertos del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del consistorio madrileño del que forma parte, que consisten en una modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, la activación de la gestión telemática de la tramitación de licencias urbanas, una formación de los técnicos municipales en el sistema BIM (o similar), un acuerdo COAM-Ayuntamiento de Madrid para elaborar informes de idoneidad técnica que se adjunte a los proyectos visados; la agilización de la tramitación de expedientes de edificios protegidos, la aplicación del silencio positivo, fomentar la colaboración con los promotores inmobiliarios y la elaboración de los informes por técnicos con la cualificación acorde a la LOE.
Con la implantación de estas ocho medidas, según los arquitectos, se conseguirá el objetivo de la agilización de las licencias urbanísticas y la optimización de su tramitación. Para ello, también es necesario que exista un compromiso municipal por escrito, en el que los ayuntamientos se responsabilicen de poner los medios necesarios. También reclaman que se defina qué son las licencias y se fijen los documentos necesarios para obtenerlas; así como realizar la unificación e integración de los procesos de tramitación garantizando en todo momento la transparencia y la trazabilidad que identifiquen los retrasos o trabajos injustificados.
Otro de los objetivos que marca el COAM es el de la reducción burocrática de la tramitación, la colaboración
entre las corporaciones públicas y la aprobación de la Ley de la Arquitectura y Habitabilidad, que lleva años
redactándose y es muy necesaria para la puesta en valor de la profesión.
