El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Comunidad de Madrid han celebrado esta mañana una jornada informativa para presentar a los arquitectos las principales líneas de actuación de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), conocida como nueva Ley de Suelo.
Enmarcada en la iniciativa Madrid2050, la sesión ha desgranado los puntos clave de la nueva normativa urbanística en la Comunidad de Madrid que busca unificar y agilizar la gestión del suelo y la planificación territorial, reduciendo la burocracia y creando instrumentos más eficientes como los Planes Estratégicos Municipales (PEM), con el objetivo de desbloquear proyectos y ofrecer seguridad jurídica.
El decano del COAM, Sigfrido Herráez, destacó en la presentación de la jornada que, para albergar a esos tres millones de personas que se esperan habiten en la región en 2050, es imprescindible que esta ley salga adelante y facilite el suelo necesario. Para Herráez, “el trabajo de los arquitectos depende directamente de la aprobación de la ley y de los planes estratégicos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Sin territorio no hay ciudad”.
El decano hizo un llamamiento ante la directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Sara Aranda, el subdirector general de Urbanismo de la región, David González, y la subdirectora general de Cooperación y Asistencia Urbanística al municipio de la Comunidad de Madrid, Marta Callejón; sobre las declaraciones responsables y la responsabilidad de la Administración: “la declaración responsable no puede servir para no tener responsabilidad a los 10 años como tenemos los arquitectos en nuestros proyectos. Es importante ese llamamiento a facilitar las cosas, hacerlas mucho más accesibles y rápidas, pero no perdiendo seguridad jurídica”.
La directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Sara Aranda, ha destacado que “estamos en un momento óptimo para poder hacer un cambio que facilite los próximos 10 años de la Comunidad Autónoma” y ha defendido la necesidad de tender “a un urbanismo flexible en relación con los usos”, en el “el uso complementario, el asociado o de la alternativa puedan cambiar en función de las necesidades sobrevenidas” sin la obligatoriedad de acudir a la modificación de un instrumento de planteamiento, como recoge la nueva ley.
Una ley con menos cargas burocráticas y mayor agilidad administrativa
Este anteproyecto de ley establece el nuevo marco normativo para la ordenación del territorio y la actividad urbanística en la Comunidad de Madrid. El texto detalla una estructura administrativa que prioriza el desarrollo sostenible, la transparencia informativa y la colaboración entre el sector público y privado. Entre sus pilares destacan la creación de Planes Estratégicos Municipales (PEM) y la regulación de figuras como los Proyectos de Alcance Regional para dinamizar la economía en la región. Además, define con precisión los regímenes jurídicos del suelo y los mecanismos de expropiación forzosa.
La normativa también simplifica trámites mediante el uso de declaraciones responsables y refuerza la disciplina urbanística para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad. En conjunto, el documento busca modernizar la gestión del territorio madrileño mediante procesos más ágiles, predecibles y adaptados a las exigencias ambientales actuales.
Como novedad estructural, simplifica el catálogo de planes a dos instrumentos autónomos: el Plan Estratégico Municipal, para el modelo a largo plazo, y el Plan Ejecutivo, único habilitado para transformar el suelo, que se clasifica en tres categorías claras: urbanizado, rural protegido y rural no protegido.
La ley garantiza un apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos, permitiendo a los municipios de menos de 1.000 habitantes aplicar estándares dotacionales flexibles adaptados a su entorno. Además, se define la regeneración urbana como una actuación prioritaria para rehabilitar tejidos degradados.
Para agilizar la actividad económica, se potencia la declaración responsable y la intervención de Entidades Privadas Colaboradoras (ECU). La gestión se moderniza mediante la digitalización, el uso de Inteligencia Artificial y drones. Por último, el Jurado Territorial de Expropiación actúa como árbitro técnico independiente para fijar el justiprecio.
En su intervención, Aranda expuso que el Gobierno autonómico viene impulsando iniciativas legislativas orientadas a simplificar procedimientos y reducir la burocracia, como la Ley 3/2024, de medidas urbanísticas para el fomento de la vivienda protegida, y la Ley 7/2024, de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, que permite la elaboración de planes estratégicos municipales.
Otra de las novedades anunciadas por la directora general de Urbanismo del Gobierno regional es que la nueva ley introduce la figura del acompañamiento técnico, destinada a dotar a estas pequeñas localidades de los recursos humanos y materiales necesarios y que esta medida incluirá la elaboración de estudios previos, la gestión de informes sectoriales y la tramitación ambiental, con el fin de garantizar la viabilidad jurídica y técnica del planeamiento.
