18/04/2024
Comunicado de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre el procedimiento de contratación para la Ciudad de la Justicia utilizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es contrario a los principios de la Ley de Calidad de Arquitectura y que defendemos desde el COAM.
La Arquitectura está declarada como bien de interés general por la Ley de Calidad de la Arquitectura en su capítulo primero. Es un hecho constatado que algunas administraciones, especialmente la Comunidad de Madrid, prefieren ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa la buena arquitectura? ¿Por qué no la aprecian? Sabemos que nuestros dirigentes saben distinguir la buena arquitectura porque es el argumento con el que invitan a los turistas e inversores a venir a Madrid, hablando con orgullo de la Plaza Mayor, el Museo del Prado, el Círculo de Bellas Artes o la Galería de las Colecciones Reales. También comparan nuestra capital con ciudades de gran belleza como París, Berlín o Londres.
En el COAM hemos detectado que, hasta hace 15 años, la arquitectura pública madrileña se pensaba desde la Administración como una oportunidad para embellecer y mejorar el espacio público: Desde la vivienda social hasta los equipamientos. Hay ejemplos de sobra: Madrid Río, Matadero, Intermediae Prado, multitud de sobresalientes edificios de viviendas en los PAUs de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas…; todos ellos resultado de convocatorias de concursos de ideas de proyecto.
Pero en la actualidad no es así: sufrimos la época de la “arquitectura para la legislatura”, la que se anuncia y se pretende inaugurar en cuatro años. Para ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza los atajos que, en su interpretación, le permite la Ley de Contratos del Estado -priorizando el precio sobre la calidad arquitectónica- y prescindiendo de los concursos de ideas de arquitectura que, se ha demostrado, son la garantía de una mayor concurrencia, diversidad y calidad de propuestas. Desde la Puerta del Sol recurren a un procedimiento de proyecto y obra para el que hay que justificar la excepcionalidad, en el que se limita extraordinariamente la concurrencia por las exigentes demandas de solvencia -lo que reduce drásticamente la cantidad y diversidad de propuestas- y restringiéndose, por tanto, la calidad arquitectónica.
¿Es legal esta modalidad de convocatoria? Sí. ¿Es por el interés general? Rotundamente NO. ¿Es por la calidad de la arquitectura, como exige la Ley de Calidad de la Arquitectura? Los arquitectos tenemos claro que no lo puede ser cuando se mezcla la concepción del proyecto con la construcción de la obra, cuando lo que aporta una empresa constructora vale 70 y lo que aporta un arquitecto vale 30 (pensemos si se hiciera esa misma valoración con los que nos legaron la ciudad que tenemos: Villanueva, Sabatini, Ventura Rodríguez, Palacios, Gutiérrez Soto, Moneo, Nouvel, Tuñón…).
El COAM consideramos que el proyecto de la Ciudad de la Justicia es fundamental, y por ello hay que cuidar al detalle su imagen. En esos edificios y espacios libres, jueces, abogados, jurados, acusados, demandantes… necesitan un entorno y un ambiente arquitectónico de la máxima funcionalidad, calidad y belleza. “El ambiente arquitectónico es conformador de conductas”, decía el gran arquitecto Alejandro de la Sota. Y, como dice la Ley de Calidad de la Arquitectura, eso es lo que la Administración debe perseguir y garantizar por el interés general, con todas las herramientas posibles. Por eso es necesario separar proyecto y obra. Porque se debe garantizar primero la mejor arquitectura y, luego, que se construya con la mayor calidad, al precio más razonable.
La Comunidad de Madrid justifica su actuación a través de la urgencia y excepcionalidad de este procedimiento de proyecto y obra para la construcción de una Ciudad de la Justicia, pero ¿cómo puede hacerlo cuando llevan dando vueltas sucesivos gobiernos regionales desde hace 20 años, cuando se tenían los terrenos y se convocó el primer concurso?
Es importante hacer memoria y recordar que muchos de los proyectos para los edificios del Campus de la Justicia, de primera calidad arquitectónica, se adjudicaron por concurso de proyectos con intervención de jurado y se desarrollaron y pagaron hasta el nivel de proyecto de ejecución. Tenemos que recordar que se iniciaron las obras de urbanización a partir de un magnífico proyecto, consecuencia de otro concurso de ideas. Y recordemos también que se construyó el Instituto Anatómico Forense, hoy dedicado a otros usos. Ahora, los millones de euros de dinero público invertidos en esos proyectos y obras se desechan sin que se haya ofrecido una explicación. Al revés, se inicia un procedimiento exprés y restringido, sin justificar los derroches previos, después de haber intentado sin éxito otra modalidad de concesión administrativa hace escasamente dos años.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid miramos cómo en la mayoría de las Ciudades de la Justicia construidas en España se ha utilizado el procedimiento de concurso de proyectos con una amplísima participación profesional, incluso internacional, que se han materializado en edificios de gran calidad en todos los casos. Igual ocurre con los palacios judiciales de ciudades como Huelva, Valencia, Vigo, Jaén, Córdoba, Málaga o Barcelona; que se han desarrollado mediante concursos de anteproyectos con participación, en varios de ellos, de sus respectivos colegios profesionales ¿Por qué Madrid debe ser la excepción? ¿Por qué Madrid no cuenta con su colegio profesional?
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid lamentamos el procedimiento de contratación para la Ciudad de la Justicia utilizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es contrario a los principios de la Ley de Calidad de Arquitectura y que defendemos desde el COAM. Lamentamos también que, nuevamente, no se haya contado con la colaboración del Colegio de Arquitectos, que hemos ofrecido a los mayores responsables de la Consejería de Justicia en repetidas ocasiones. En un proyecto de tal envergadura e importancia para los ciudadanos, resulta fundamental que participe la institución que representa a los arquitectos de Madrid y que es garante de la solvencia y calidad de los profesionales y sus proyectos, y que tiene entre sus fines la defensa de la Arquitectura entendida como un fin social.
Tendemos una vez más nuestra mano al Gobierno de la Comunidad de Madrid y le instamos a que haga justicia con la sociedad, cambiando de criterio para garantizar, mediante un concurso abierto de proyectos, la consecución de un entorno y unos edificios lo más funcionales, sociales y democráticos posibles, para conseguir juntos, en aras del interés general, la mejor Arquitectura Pública posible.
Junta de Gobierno COAM
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) es la corporación de derecho público que representa y defiende los intereses profesionales de los arquitectos de Madrid y salvaguarda los valores culturales y medioambientales de la Arquitectura en beneficio de la sociedad.
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